El sexo por decreto

Una nueva barbaridad jurídica se va a tramitar en el decadente Parlamento Andaluz, donde parecen no tener asuntos más urgentes que tratar. En ese foro hegemónico del socialismo, no hay nada que tratar sobre la pobreza, el paro, el fracaso escolar, la inmigración ilegal, la sanidad más privatizada de España, la población más subsidiada de Europa,
o los índices de criminalidad más elevados de esta piel de toro; índices a cuyo engrosamiento contribuyen buena parte de ese parlamento andaluz, asociados e imputados de “la PSOE” en la historia interminable de los mayores latrocinios de toda democracia.
Este socialismo de salón,  renovado señoriteo andaluz, anda ocupado en tramitar una ley sobre transexuales. Nada que objetar si fuese encaminada a respetar su dignidad, pero ya pueden imaginar de qué se trata esta ley. La realidad es que no existe ni la más mínima preocupación por las necesidades reales de este colectivo, sino un interés desatado por denostar a aquel que piense diferente.
Para que vayan abriendo boca a modo de tragaderas de ruedas de molinos del modelo socialista que pretenden exportar a toda España, la ley estima que la única solución ante la petición de un niño sobre cambio de identidad de género es la transexualidad, obligando a la comunidad escolar a admitirlo en los cuartos de baños y vestuarios que el niño estime oportuno. El sistema educativo, incluidos los demás niños y sus padres,  tendrán la obligación de formarse en transexualidad, y el sistema sanitario afrontar con carácter de gratuidad las operaciones necesarias para el cambio de genitales. Si su hijo tiene problemas con la vista o los dientes, usted deberá abonar de su bolsillo las gafas y ortodoncia, pero todos sabemos que este es un problema menor y escaso, no como la transexualidad. Todo esto acompañado por políticas de empleo que  priorizarán y discriminarán positivamente a aquellos que se definan transexuales, lo que obligará a tener un registro de transexuales ¿No les recuerda esto al nazismo? Y, como no, un nuevo ataque a la libertad de expresión con una mordaza a la opinión pública, incluida sanción, para todos aquellos que osen manifestarse contrarios a la ley.
Soslayan estos políticos, que el cuerpo no es un añadido de la persona, es parte intrínseca de la persona. Pero ojo, que anunciar esto podrá convertirnos en trans-fóbicos delincuentes a tenor de esta nueva aberración jurídica que no garantiza de ningún modo la dignidad ni la libertad de este colectivo, pero que sí obliga a los demás, por imperativo legal, a acatar esta ideología de género en la que el sexo sí tiene carácter discriminatorio y registral.
A juzgar por los elevados índices de desesperación de una población vejada por 30 años de socialismo, no es de extrañar que alguno se declare transexual con tal de obtener algún puesto de trabajo; o que acabemos declarando al heterosexual característica en peligro de extinción.

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